El Congreso analiza una propuesta tributaria que podría transformar la economía peruana: reducir gradualmente el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18 % al 15 % para el año 2029.
La medida contenida en el Proyecto de Ley N.º 11228, busca aliviar la carga tributaria sobre los consumidores y fortalecer la competitividad de las MYPES, al tiempo que se implementa de forma progresiva para minimizar el impacto fiscal y mantener la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
¿Cómo se aplicaría la reducción?
La rebaja del IGV sería progresiva, iniciando en 2026 y culminando en 2029.
Para mantener el equilibrio fiscal, se plantea un aumento temporal del 1 % en el Impuesto a la Renta (IR) durante ese mismo período, con el fin de compensar los menores ingresos que el Estado dejaría de percibir por la reducción del IGV:
| Año | Tasa IGV | Medida complementaria |
|---|---|---|
| 2026 | 17% | +1 % en IR |
| 2027 | 16% | +1 % en IR |
| 2028 | 15.5% | +1 % en IR |
| 2029 | 15% | +1 % en IR |
Objetivos principales de la propuesta
1. Aliviar la carga tributaria de las MYPES
Las micro y pequeñas empresas (MYPES) son las más afectadas por los impuestos elevados. La reducción del IGV podría ayudarlas a formalizarse y fomentar su crecimiento, ya que al disminuir su carga tributaria, estas empresas tendrían mayor liquidez y margen para invertir, fortaleciendo su capacidad operativa y competitividad en el mercado.
2. Impulsar el consumo interno
Con un IGV más bajo, los consumidores contarían con un mayor poder adquisitivo, lo que podría dinamizar la economía al generar un aumento en la demanda de bienes y servicios. Este efecto no solo beneficiaría el consumo inmediato, sino que, a largo plazo, podría traducirse en más ventas, mayor formalización de negocios y una base tributaria más amplia, favoreciendo tanto al sector privado como al Estado.
3. Reforzar la descentralización
La propuesta también busca reforzar la descentralización de recursos. Junto con la reducción del IGV, se plantea redistribuir una mayor proporción de los ingresos hacia las municipalidades a través del FONCOMUN, pasando del 2 % al 4 %. La finalidad es que los municipios cuenten con más recursos para invertir en obras locales, siempre y cuando gestionen eficientemente sus presupuestos y prioricen proyectos que generen beneficios directos para la comunidad.
Riesgos y críticas a la propuesta
1. Impacto fiscal significativo
Expertos advierten que la disminución del IGV podría generar un “hueco” en las cuentas públicas si el aumento temporal del Impuesto a la Renta (IR) no logra compensar completamente la caída en la recaudación. Según algunos cálculos, esta medida podría ocasionar pérdidas para el Tesoro si no se implementa con cuidado, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal del Estado.
2. Desincentivo a la inversión
El aumento del IR, aunque sea temporal, podría afectar a empresas medianas y grandes, desincentivando la inversión productiva. Algunos economistas consideran que esto puede ser contraproducente, ya que reducir el IGV por sí solo no garantiza beneficios si no se amplía la base de contribuyentes y no se logra formalizar más empresas dentro del sistema tributario.
3. Populismo vs. sostenibilidad
Para ciertos analistas, la propuesta podría interpretarse como una medida “populista”, destinada a ganar apoyo político sin asegurar que la recaudación se mantenga. Además, existe preocupación sobre si las reglas cambiarán muy rápido, lo cual podría generar inseguridad jurídica para las empresas que deben planificar sus operaciones a mediano y largo plazo.
4. Carga administrativa y exclusiones
La propuesta no abarcaría a todas las empresas; quedarían excluidas aquellas que formen parte de “grupos económicos” con ciertas características específicas. Asimismo, el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) deberá dictar normas reglamentarias para detallar cómo se implementará la reducción del IGV y el aumento temporal del IR, lo que podría retrasar o complicar la aplicación efectiva de la medida.
¿Qué significa para la gente común?
- Si la iniciativa se aprueba, los consumidores podrían ver una leve bajada de precios (o al menos un menor porcentaje de “impuesto” en algunos bienes), lo que beneficiaría especialmente a quienes compran de forma regular.
- Para las MYPES formales, sería una oportunidad para reducir costos y mejorar su competitividad, lo cual podría traducirse en más empleo formal.
- Pero para las personas que también pagan Impuesto a la Renta, podría haber un aumento adicional (aunque temporal), lo que podría afectar a aquellos con mayores ingresos o rentas empresariales.
- A nivel de finanzas del Estado, dependerá mucho de que la compensación (subida del IR) realmente cubra la pérdida del IGV; si no, podría debilitar el presupuesto público o generar más presión en otros frentes.
Conclusión
La propuesta de reducir el IGV al 15 % resulta atractiva para muchos, ya que tiene el potencial de aliviar la carga tributaria sobre los consumidores y las MYPES, fomentar la formalización de empresas y promover una mayor descentralización de recursos hacia los municipios. Sin embargo, no está exenta de riesgos: el aumento temporal del Impuesto a la Renta no es un ajuste menor y podría desincentivar la inversión productiva.
Asimismo, si la compensación no logra cubrir la caída en la recaudación del IGV, existe el riesgo de debilitar las finanzas públicas y generar presiones fiscales adicionales. En definitiva, se trata de una iniciativa ambiciosa y con potencial, pero que requiere ser implementada con precisión técnica y prudencia fiscal para evitar que sus beneficios se vean opacados por consecuencias negativas para la economía del país.
