Telefónica del Perú, una subsidiaria de la empresa española Telefónica S.A., ha mantenido un largo desacuerdo con la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) debido a supuestas deudas tributarias correspondientes a los años fiscales 1998, 2000 y 2001.Telefónica sostiene que la SUNAT actuó de manera arbitraria, especialmente en la aplicación de intereses moratorios excesivos.
A pesar de estar en desacuerdo, Telefónica realizó en 2024 un pago de S/1.361 millones, como lo exigía una resolución judicial.
Inicio del proceso arbitral:
En marzo de 2021, Telefónica inició un arbitraje internacional ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), argumentando que el Estado peruano había violado el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito con España en 1994 y vigente desde 1996, alegando que se había vulnerado el trato justo y equitativo que ese tratado garantiza a los inversionistas.
Monto de la compensación solicitada:
Telefónica solicitó una indemnización total de aproximadamente 1.122 millones de euros. El proceso arbitral, que ya se ha prolongado por más de tres años, busca determinar si la empresa podrá recuperar los pagos realizados al fisco peruano, los cuales ascienden a 572,5 millones de dólares (523,6 millones de euros). La compañía sostiene que dichos pagos fueron efectuados en contravención de sus derechos.
Asimismo, Telefónica busca desbloquear provisiones fiscales por un total de 647,2 millones de dólares (592 millones de euros), que considera contrarias al acuerdo bilateral de inversiones. A esto se suman 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros) reclamados por gastos legales, fiscales y por la constitución de fianzas en procesos locales.
Consecuencias para Telefónica del Perú:
El conflicto con la SUNAT, junto con las resoluciones judiciales adversas, tuvo un impacto financiero significativo en Telefónica del Perú. En febrero de 2025, la empresa se acogió a un procedimiento concursal, al no poder afrontar obligaciones tributarias superiores a los 1.000 millones de euros. Para mantener su operatividad, su matriz en Hispanoamérica (Telefónica Hispam) le otorgó un préstamo de emergencia de 394 millones de euros.
Finalmente, en abril de 2025, Telefónica vendió su filial peruana al grupo argentino Integra Capital. La transacción se concretó por un monto simbólico de un millón de dólares, incluyendo la transferencia de una deuda acumulada de 1.241 millones de euros. Así concluyó la presencia de Telefónica en Perú tras más de tres décadas de operaciones.
Conclusión
Este caso pone en evidencia los desafíos que enfrentan los inversionistas extranjeros ante controversias fiscales prolongadas. También resalta la necesidad de contar con marcos legales estables, instituciones tributarias eficientes y mecanismos adecuados para resolver disputas, a fin de generar un entorno confiable para la inversión internacional.
